DERECHO PENAL LABORAL

EXPOSITOR

DR. LUIS DEBOTO URIBE

PERÚ

 

 

El Derecho del Trabajo aparece como una respuesta de la sociedad y del
Estado de poner fin a los abusos a la que llevó la concepción civilista aplicada
a una nueva relación. No olvidemos que la columna vertebral del Derecho del
Trabajo, lo constituyen las relaciones jurídicas que nacen de un contrato de
trabajo, celebrado entre un trabajador encargado de prestar servicios a favor de
un empleador recibiendo una retribución económica, y el empleador quien
recibe y dirige los servicios. Así pues, el advenimiento y desarrollo de esta
disciplina, se debió a la actitud e influencia de una parte, debido al interés de
algunos empresarios y gobernantes conscientes, frente al descontento de los
trabajadores, debido a la crisis que se agudizó más después de la revolución
industrial, también debido a la lucha y al esfuerzo de los mismos trabajadores,
dando origen al sindicato, sindicalización, y a la negociación colectiva,
igualmente a la labor de los Organismos Internacionales constituidos por
razones y con fines de afrontar las consecuencias a la conclusión de las dos
guerras mundiales del s.xx, asimismo a la labor de la Iglesia a través de las
Encíclicas papales y a la denodada labor de los juristas, a través de sus
planteamientos , conclusiones y recomendaciones recogidas en los Congresos
Nacionales e Internacionales.

De seguro que temas y fenómenos recurrentes y concurrentes que atañen al
trabajo, desde hace más de dos décadas son entre otros: El acelerado
desarrollo de la Ciencia y Tecnología; el trabajo de mujeres y menores de
edad; el Desempleo y el subempleo; la flexibilización laboral.

Nuestra Constitución Política, en el Capítulo II De los Derechos Sociales y
Económicos, artículos 22º a 29º, se ocupa del trabajo, que es un deber y un
derecho, que es base del bienestar social y un medio de realización de la
persona, que es objeto de atención prioritaria del Estado. Se ocupa igualmente
de la relación laboral, la misma que no puede limitar el ejercicio de los
derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador,
sobre la remuneración, la jornada de trabajo, el descanso, garantiza la libertad
sindical, regula el derecho de huelga, entre otras prescripciones.

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Debemos tener presente que la libertad de trabajo, se distingue del derecho al
trabajo y de la estabilidad laboral. Así, la primera connota la facultad para
decidir si quiere o no trabajar , de decidir en qué actividad va a trabajar y, en
qué clase de oficio (claro que esta última decisión está condicionada a
múltiples factores, como son la insuficiencia del mercado ocupacional, la
competencia laboral, el grado de intervencionismo estatal, la idoneidad para el
trabajo o el grado de capacitación que se requiere para la actividad que se
elige), decidir si trabajará de modo libre o en condición de dependencia y, por
último, decidir si quiere continuar trabajando, ya sea como trabajador
dependiente o como trabajador libre. En otras palabras la libertad de trabajo es
anterior a la era del constitucionalismo social, constituye un derecho básico con
categoría de libertad individual. El derecho al trabajo en cambio, no se agota en
la simple libertad de trabajar, sino que supone el derecho a tener un puesto de
trabajo, en sentido genérico o específico. En el primer caso, el Estado se ve en
la obligación de llevar a cabo políticas económicas y sociales orientadas al
aumento de las tasa de empleo. La persona no tiene derecho a ocupar un
puesto específico, pero el ordenamiento constitucional le garantiza la igualdad
de trato y de oportunidades en el acceso al empleo. En el segundo caso, el
derecho al trabajo se concreta con la obtención de un puesto cierto. El derecho
al trabajo no se agota entonces, con la obtención de un puesto cierto,
comprende también la posibilidad de conservarlo (prohibición de despido
injustificado, nulo, incausado y fraudulento). En este punto el derecho al trabajo
se superpone parcialmente con el derecho a la estabilidad. Como se sabe, esta
última se manifiesta de dos formas: Estabilidad de entrada: prohibición de
contrataciones a plazo determinado, salvo cuando se necesite cubrir empleos
temporales o labores provisionales. Estabilidad de salida: prohibición de
despido injustificado y/o arbitrario. La diferencia está en que el derecho al
trabajo no solo protege al trabajador contra los despidos injustificados o
arbitrarios, sino contra cualquier otra forma de extinción del vínculo laboral
(jubilación forzosa, renuncia involuntaria, etc.). La doctrina reconoce al derecho
al trabajo una naturaleza binaria: individual y colectiva. En lo individual supone
el derecho a un empleo y a la continuidad en él, salvo que medien causas
justificadas y debidamente establecidas en la ley. En lo colectivo, implica el

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ejercicio en asociación con otros trabajadores de ciertas atribuciones
(sindicalización, huelga y convenios colectivos).

Uno de los rasgos distintivos de la Constitución de 1993 lo constituye el haber
cambiado sustancialmente las normas relativas al derecho al trabajo. La
primera cuestión muy visible es que los derechos laborales no se encuentran
reunidos en un capítulo especial que los diferencie de otros derechos
socioeconómicos, como sí acontecía con la Constitución de 1979; ahora los
derechos laborales están mezclados con los derechos que conciernen a la
familia, la salud, la educación, la cultura y la seguridad social. Acorde con la
ideología liberal que inspira la Carta de 1993, los derechos de naturaleza
prestacional pierden su connotación de fundamentales para convertirse en
simples derechos económicos, sociales y culturales.

Ahora bien, dicho esto, entrando al tema materia de disertación, diremos en
principio, que el Derecho Penal del Trabajo, sería una disciplina que debería
ocuparse de aquellas inconductas derivadas de las relaciones de trabajo que
puedan poner en peligro o lesionar la marcha normal de la producción, es decir
transgresiones de empresarios o empleadores y por los trabajadores. En
cuanto a la estructura y régimen del delito de trabajo, rige en primer término, el
llamado principio de legalidad inscrito en el art. 2º parágrafo 24 inc. d)
de la Constitución Política del Estado, concordante con el art II del Título
Preliminar del Código Penal, formulado en el apotegma “nullum crime nulla
poena sine lege”, es decir ningún ciudadano será sancionado con pena o
medida de seguridad, sino por la comisión de actos externos, positivos o
negativos, que dañan o ponen en peligro los bienes jurídicos tutelados por la
Constitución o por las leyes. Evidentemente el Juzgamiento corresponde al
poder Judicial y no a autoridades políticas, administrativas o comisiones
especiales. Los estudiosos aconsejan que los delitos contra la libertad de
trabajo deben ser elaborados como delitos de tendencia, es decir señalando
como elemento subjetivo del injusto una finalidad determinada de orden laboral,
para que puedan ser distinguidos de otros hechos objetivamente iguales, pero
que atentan contra otros bienes jurídicos. Recomiendan también la elaboración
de los tipos delictivos laborales como figuras de peligro, en muchos casos.

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Igualmente cabría admitirse en los delitos contra la libertad de trabajo las
llamadas leyes abiertas o en blanco, que son aquellas en que el precepto legal
no hace la descripción completa de la conducta típica sino que en cierto
aspecto de ella se remite a otras disposiciones que deben complementarla,
especialmente reglamentarias o resoluciones gubernativas o administrativas,
las cuales vienen a incorporarse con ello al tipo delictivo. De otro lado,
debemos puntualizar que, en los delitos contra la libertad de trabajo donde ha
prosperado la tesis de extender la responsabilidad penal a las personas
jurídicas. La naturaleza misma de estos delitos hace que sea útil llevar las
sanciones sociales hasta las entidades que, si bien no planean ni deciden el
delito, al menos usufructúan de él y constituyen el apoyo económico que
favorece al delincuente en sus encuentros con la justicia penal. Este criterio por
cierto ha sido acogido acertadamente por los artículos 104º y 105º del Código
Penal peruano.

El art.168º del Código Penal vigente: Atentado contra la Libertad de Trabajo y
Asociación, prescribe: “Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor
de 2 años el que obliga a otro, mediante violencia o amenaza, a realizar
cualquiera de los actos siguientes: 1) Integrar a no un Sindicato y 2) Prestar
trabajo personal sin la correspondiente retribución. La misma pena se aplicará
al que incumple las resoluciones consentidas o ejecutoriadas dictadas por la
autoridad competente; y al que disminuye o distorsiona la producción, simula
causales para el cierre del centro de trabajo o abandona éste para extinguir las
relaciones laborales.” El Bien Jurídico es la libertad de trabajo. El sujeto activo
puede ser cualquier persona física y el sujeto pasivo es la colectividad,
específicamente el colectivo de trabajadores. El comportamiento prohibido
consiste en obligar a otro a realizar cualquiera de las conductas establecidas
en el tipo penal. Se entiende que si no hay amenaza o violencia, el supuesto
será atípico. La norma busca se respete la libertad sindical (art.28 Const.), así
como también se respete la retribución del trabajador, entendiéndose que tanto
la entrega incompleta o parcial del salario no se encuentra excluida del
comportamiento típico (arts. 23º y 24º Const). Además caben otros
comportamientos típicos donde no se exige la concurrencia de violencia o
amenaza: “Incumplir las resoluciones consentidas o ejecutoriadas dictadas por

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la autoridad competente”, es decir, tanto de la autoridad administrativa de
trabajo como de la autoridad jurisdiccional; resaltándose que nos
encontraríamos ante el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad.
“Disminuir o distorsionar la producción”, es decir aquí se pretende que el centro
laboral se encuentre en posición de desastre económico, con la intención de
que expire el vínculo laboral. “Simular o aparentar causales para el cierre del
centro laboral”, es decir con la finalidad de que el nexo laboral se extinga, con
lo cual se vulnera el derecho a la estabilidad económica de los trabajadores. Y,
“Abandona el centro laboral para extinguir las relaciones laborales”, aquí
tenemos que la finalidad es de que expire el nexo laboral con sus empleados,
violándose el derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores; siendo
totalmente irrelevante si el empleador paga o no a sus trabajadores
(remuneración y beneficios). En cuanto a la tipicidad subjetiva, se requiere el
Dolo y además la intención de cerrar el centro laboral, vía la disminución o
distorsión de la producción o a través de la simulación de causales. Este ilícito
penal se consuma, de acuerdo a cada una de las modalidades que presenta la
conducta típica, admitiéndose la tentativa.

El art. 168-A del Código Penal vigente: Atentado contra las condiciones de
seguridad e higiene industriales, prescribe “El que, infringiendo las normas de
seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, no adopte las
medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su
actividad, poniendo en riesgo su vida, salud e integridad física será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Si, como
consecuencia de una inobservancia de las normas de seguridad y salud en el
trabajo, ocurre un accidente de trabajo con consecuencias de muerte o
lesiones graves, para los trabajadores o terceros, la pena privativa de libertad
será no menor de 5 años ni mayor de 10 años. Aquí estamos evidentemente
ante un caso explícito de ley penal en blanco. El comportamiento típico se
explica claramente. El supuesto evita que se incremente el riesgo en la
integridad corporal o la vida del trabajador, en el lugar en que viene laborando.
Hasta aquí hemos venido analizando los delitos provenientes de la conducta
laboral, aquellos que merecen pena. Sin embargo, cabe hacer el distingo con
las faltas disciplinarias laborales (D. Leg 276 y D. Leg 728), es decir aquellas

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faltas en que incurren los empleados que resguardando el derecho irrestricto a
la defensa y el debido procedimiento debe concluir desde la amonestación, o la
multa o la suspensión o la destitución, de acuerdo a la levedad o gravedad de
la infracción cometida, lógicamente que el servidor que se considere afectado
por una sanción podrá interponer los recursos impugnatorios que le franquea la
ley.

Tenemos pues, que ninguna de las faltas que cometen los trabajadores de la
actividad privada, ni los servidores o funcionarios de la administración pública,
tienen carácter delictivo específico, desde el punto de vista laboral. Es decir,
cuando tales faltas, por su gravedad, configuran delitos, no son sino delitos
comunes, nunca laborales. Por lo tanto, cualesquiera sean los derechos
vulnerados, dada la naturaleza de la infracción cometida, si están previstos en
la ley penal, son delitos o faltas y, desde luego, pertenecen al radio de acción o
influencia del Código Penal.

En este orden de ideas, concordamos completamente con nuestro querido
maestro y colega Dr. Teodosio Palomino Ramírez, quien sostiene que no existe
el llamado derecho penal laboral, así lo detalla pormenorizadamente en su obra
Derecho Penal Laboral. Editorial Juris Laboral, Lima, 427 pp, 1993.

Por último se hace necesario reseñar, que a partir del año 2001 a la fecha,
luego de la renuncia por fax a la presidencia de la república de Alberto
Fujimori, ante las evidencias y certezas de los elevados niveles de corrupción
que se vivió en el país, se han venido elaborando y estatuyendo con mayor
proficuidad, programas y comisiones de alto nivel, para combatir este flagelo,
inclusive se creó tanto a nivel del Ministerio público como del Poder Judicial, un
subsistema anticorrupción, lo que ha permitido llevara a juicio y hasta condenar
a muchos funcionarios civiles y militares, por la comisión de los delitos de
enriquecimiento ilícito, peculado, entre otros. Situación esta que también ha
contribuido a que los Poderes del Estado, las instituciones y entidades
públicas y privadas elaboren y pongan en vigencia sus Códigos de Ética; lo
que definitivamente coadyuvara a mejorar y realzar las relaciones laborales; es

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decir se orientará y se prevendrá conductas y comportamientos inadecuados y
sancionables.

Finalmente, debe dejarse constancia, desde nuestro punto de vista, que existe
un desinterés ostensible porque las conductas evidentemente ilícitas de los
empleados y trabajadores se ventilen en la esfera penal, no obstante que
muchas faltas disciplinarias en el ámbito laboral constituyen tipos penales,
situación que en modo alguno vulnera el principio del Ne bis in idem, pues la
vía administrativa disciplinaria, no agota la responsabilidad penal. Por lo que
por lo menos actualmente se ha vuelto a restituir de facultades sancionatorias a
la Contraloría General de la República, así, se tiene que la ley 29622 modifica
la Ley 27785 Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
general de la República y amplia facultades en el proceso sancionador en
materia de responsabilidad administrativa funcional, expidiéndose últimamente
el DS Nº 023-2011-PCM Reglamento de la ley 29622, denominado
“Reglamento de Infracciones y Sanciones para la Responsabilidad
Administrativa Funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del
Sistema Nacional de Control.”, vigente desde el 19 de Marzo de 2011, que
aparte de estatuir los principios orientadores, la doble instancia, el derecho de
defensa, prescribe que en cualquier momento del procedimiento sancionador,
al apreciarse que los hechos observados contienen indicios de responsabilidad
penal o civil, la instancia a cargo del procedimiento adoptará las acciones para
asegurar la determinación de la responsabilidad pertinente.